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Informe de evaluación regional sobre el riesgo de desastres en América Latina y el Caribe

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Financiamiento de la Reducción del Riesgo de Desastres en América Latina y el Caribe

El RAR24 analizó la disponibilidad de financiamiento para la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) en América Latina y el Caribe (ALC) e incorpora la Revisión de Mitad de Período del Marco de Sendai 2015-2030 para determinar que, a pesar de los avances realizados con normativas, incentivos fiscales o fondos de seguro, es necesario aumentar el financiamiento en RRD.

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El RAR24 presenta el conjunto de acciones que, al implementarse de manera articulada, mejoran la gestión del riesgo de desastres y facilitan la toma de decisiones. A estas acciones las denomina marco habilitador para la RRD e incluyen: las leyes nacionales e instrumentos normativos que abordan la RRD (para lo cual se dispone del Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión de Riesgo de Desastres -iGOPP-); los Sistemas Nacionales de Inversión Pública (SNIP) para crear condiciones e instrumentos para la toma de decisión y asignación de recursos específicos; y la reducción del riesgo de desastres a través de acciones de la comunidad. 

El tercer desafío crítico es que el problema público central no es el desastre en sí, sino el riesgo: dado que el desastre es la consecuencia de la gestión deficitaria del riesgo, el RAR24 hace un llamado a sumar consideraciones de gobernanza a las agendas de inversión en RRD. El cuarto desafío es el creciente impacto que la región ha sufrido por el cambio climático y el calentamiento global, caracterizándose como una región multiamenaza.

Es esencial aumentar y mejorar la recaudación tributaria de los países de la región para estos fines, la cual es baja en la mayoría de los casos.

Referente a los mecanismos de financiamiento disponibles para la RRD, uno de los instrumentos disponibles es la reforma tributaria con un enfoque ambiental para financiar parte de los costos de la reducción de riesgos, al mismo tiempo que se establecen señales de precios para la toma de decisiones que beneficien el ambiente, como, por ejemplo, los impuestos ecológicos que aumentan los costos de la contaminación o la supresión de subsidios energéticos.

Es necesario también que los gobiernos nacionales y locales busquen opciones de financiamiento no tributario, adecuado a las condiciones particulares de cada país. Una de las opciones son los préstamos multilaterales con Bancos de Desarrollo Nacionales (BDN) o bancos comerciales y, otra de las opciones, la emisión de bonos gubernamentales. Para acceder a estos mecanismos, es importante que los gobiernos mantengan un grado de calificación crediticia adecuado, aseguren la viabilidad económica, social y ambiental de los proyectos y garanticen la solidez financiera de las operaciones gubernamentales.

Para canalizar este financiamiento en proyectos de RRD, el RAR24 señala tres alternativas que el sector público posee:

  • la asignación de partidas presupuestarias específicas para la RRD;
  • fondos especiales para eventos específicos que no comprometen las finanzas públicas y puedan servir de reserva en caso de un evento;
  • y proyectos de inversión específicos, los cuales poseen la ventaja de asignar recursos financieros a la RRD en contextos donde su institucionalización es todavía limitada, realizándolo través de estrategias “suaves” (medidas no estructurales) o medidas estructurales-ingenieriles.

A los mecanismos antes mencionados, los gobiernos de los países tienen acceso a diferentes instrumentos de financiamiento para movilizar recursos para la reducción del riesgo de desastres.  

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Una de las fuentes de financiamiento para los gobiernos proviene de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a través de lo que se denomina Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD). Las instituciones y actores que otorgan el financiamiento pueden ser: bilaterales (en ALC, mayormente proporcionado por Alemania, Francia, Japón, República de Corea y República Popular de China), multilaterales (principalmente los Bancos Multilaterales de Desarrollo -BMD-) y actores privados.

Las instituciones de la AOD poseen diferentes instrumentos para canalizar el financiamiento, de los cuales se destacan los siguientes:

  • las subvenciones y donaciones, especialmente orientadas a la ayuda humanitaria y a responder a crisis inmediatas;
  • los fondos globales, cuyo objetivo principal es atraer, gestionar y distribuir recursos para alcanzar objetivos globales como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Fondo de Adaptación y el Fondo Verde para el Clima, entre otros, creados en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC);
  • y los fondos fiduciarios de los BMD, los cuales son contribuciones financieras provenientes de terceros, administrados en fideicomiso por los BMD en calidad de fiduciarios (hoy hay más de 200 fondos fiduciarios establecidos).

Además de los instrumentos de la AOD, los gobiernos nacionales y subnacionales también pueden recurrir a instrumentos de deuda de organismos y bancos multilaterales para obtener financiamiento destinado a la RRD. Entre ellos se encuentran:

  • los créditos concesionales con condiciones ventajosas para atraer el interés de inversores (por ejemplo, la extensión de períodos de reembolso o tasas de interés inferiores a las del mercado, entre otras) y donde los países deben cumplir con políticas macroeconómicas sólidas y estables;
  • los productos de mejora del crédito, donde se identifican las deficiencias en la viabilidad financiera de un proyecto y se corrigen para aumentar su atractivo a los ojos de los inversores y elevar la calificación crediticia;
  • y los créditos contingentes, que asocian acciones de respuesta con iniciativas de gestión correctiva y prospectiva.

Dado que invertir en RRD excede las capacidades del sector público, los instrumentos financieros del sector financiero privado son un elemento clave para encontrar nuevas fuentes de financiamiento.

Se destacan los siguientes instrumentos del sector financiero privado:

  • seguros contra daños y pérdidas: es una alternativa para compartir los costos entre la población, a la vez que funciona como señal clara de la necesidad de gestionar el riesgo y establece una estructura de precios que lo refleje;
  • seguros paramétricos;
  • bonos temáticos: pueden ser bonos sociales, bonos vinculados a la sostenibilidad, bonos verdes etiquetados o bonos de resiliencia (estos últimos específicos sobre RRD), emitidos por bancos, empresas o gobiernos.

Estos últimos son una opción atractiva para inversores, teniendo en cuenta que existen estándares internacionales que guían su emisión.

Por último, el RAR24 presenta el potencial del uso de remesas para el financiamiento de la RRD en ALC, dado que los ingresos provenientes de esta fuente superan ampliamente otros flujos financieros recibidos por la región. A su vez, las remesas suelen intensificarse en momentos de crisis, por lo que son un factor de recuperación para los hogares receptores y una fuente multiplicadora de la economía local. Por ello, se propone que los gobiernos incentiven el uso de remesas en inversiones de RRD y proyectos comunitarios de pequeña escala.

Crédito de fotos: Primera, foto de Barbara Zandoval en Unsplash; segunda, foto de Malachi Brooks en Unsplash