¿Cómo incorpora Costa Rica la movilidad humana en el contexto de desastres

en sus leyes, políticas y otros marcos operativos?

1. Incorporación de la población migrante en la legislación, reglamentos y políticas en materia de gestión de riesgo de desastres: 

La Política Nacional de Gestión del Riesgo 2016-2030 incorpora una referencia explícita sobre la migración en tránsito en el eje Nº2, lineamiento 9: ‘...Mejora continua de la coordinación para la respuesta: el Subsistema de Preparativos y Respuesta debe actualizar los protocolos y procedimientos de manera regular, contemplando las necesidades diferentes de los grupos de población; por ejemplo, de niños, adolescentes, adultos mayores, hombres y mujeres, grupos étnicos, personas con discapacidad y migrantes, así como la protección de los animales, bajo criterios de solidaridad, los enfoques de derechos humanos y de género’[1]

En su Eje 1: Generación de resiliencia e inclusión social, la Política indica que ‘...En Costa Rica la pobreza y la pobreza extrema, unidas a otras formas de diferenciación social, tales como la condición de género, la condición etaria de los grupos extremos de menor y mayor edad, la discapacidad, la identidad étnica y la situación migratoria, con diferencias además en los ámbitos urbano y rural, constituyen factores de exclusión que propician la condición de vulnerabilidad ante desastres para un sector importante de la población...’ [2].

El Plan Nacional de Gestión del Riesgo 2021-2025 (II quinquenio) indica la realización de dos estudios anuales sobre la situación de riesgo en que se encuentran la población migrante extracontinental en condición irregular en el país[3].

2. Incorporación de poblaciones migrantes en las estructuras, planes, protocolos, manuales o directrices de preparación y respuesta a emergencias y desastres a nivel subnacional/local (provincial, departamental o municipal):

Se registra en Costa Rica la inclusión de la temática migratoria dentro de algunos de los principales documentos operativos como planes, manuales y protocolos sobre preparación y respuesta ante desastres. Tal es el caso del Plan Nacional de gestión del Riesgo 2016-2020, en el cual se integra la creación de un ‘...procedimiento para la atención de la población migrante, desplazada por situaciones de desastre o conflictos político, redactado y operando y debidamente divulgado...’[1] dentro del ámbito de gestión de preparativos y respuesta.

El Manual de formación en gestión comunitaria del riesgo por tsunami, editado en el año 2020 por la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), contiene un apartado específico sobre personas migrantes en situaciones o contextos de emergencia, en el cual se especifican algunas de las vulnerabilidades particulares que enfrentan estas poblaciones, así como las condicionantes sociales, económicas, políticas y culturales que les afectan en dichos contextos[2].

Por otro lado, en la Guía Rápida para Elaborar Planes de Preparativos y Respuesta ante Emergencias por Tsunamis para Hoteles y Cabinas[3] se indica que para elaborar planes de preparativos y respuesta ante emergencias por Tsunamis en los hoteles, es necesario que se ‘...determine el número de personas que usualmente ocupan las edificaciones, como trabajadores, personal subcontratado y huéspedes; tomando en cuenta las características de estas personas. Se debe indicar el tipo de público meta del hotel (familias con niños pequeños, pensionados, sólo adultos, nacionales, extranjeros, etc.).

Asimismo, la Guía para el manejo de albergues temporales en edificaciones preestablecidas indica que el ‘término personas en situación de vulnerabilidad, engloba las personas en condición de discapacidad, adultas mayores, embarazadas, menores de edad, indígenas, migrantes y con enfermedades crónicas’[4]. Inclusive, como parte de esta Guía, la ‘Ficha de registro para familias en Albergue Temporal’  y la ‘Ficha Resumen de las Familias en Albergue Temporal’ incluyen una casilla denominada ‘PM’ que significa ‘persona migrante[5]’, lo cual contribuye al levantamiento de necesidades e información certera a los efectos del registro óptimo de las personas albergadas.

Es importante indicar que en el subsistema de preparativos y respuesta conducido por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) se supeditan comités de emergencia regionales, municipales y comunales, así como también en instituciones del Estado costarricense, entre ellas, la Dirección General de Migración y Extranjería[6].

3. Integración de consideraciones sobre los impactos adversos del cambio climático y/o su relación con la migración y el desplazamiento de personas en políticas, estrategias, planes y otras políticas públicas relevantes sobre cambio climático a nivel nacional:

La Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2018-2030 oficializada en el año 2018[1] indica dentro de las principales afectaciones sectoriales ante los efectos adversos del cambio climático que ‘podrían emerger nuevas enfermedades o reemerger patologías ya controladas, como la malaria o el mal de Chagas, debido a la migración de poblaciones humanas’[2]; además, indica que ‘el cambio climático también afectará a poblaciones que se verán obligadas a desplazarse en el interior del país, o a migrar fuera de este, con consecuencias en materia de derecho humanitario’[3].