¿Cómo incorpora Honduras la movilidad humana en el contexto de desastres

en sus leyes, políticas y otros marcos operativos?

1. Incorporación de la población migrante en la legislación, reglamentos y políticas en materia de gestión de riesgo de desastres: 

La legislación y reglamentación en materia de gestión de riesgo de desastres en Honduras hace menciones especificas a la población migrante. Por ejemplo, la Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de ese país especifica que las acciones que se emprendan en esta materia no están condicionadas por la nacionalidad de las personas, entre otros criterios[1] y buscan la protección de la integridad física y psíquica de todas las personas naturales ‘nacionales y extranjeras’ que habitan en el país[2].

Por su parte, se recomienda que en otras políticas relevantes sobre reducción del riesgo de desastres se aborde de manera específica la integración de las personas migrantes, como, por ejemplo, en la Política de Estado para la Gestión Integral de Riesgo en Honduras.

2. Incorporación de poblaciones migrantes en las estructuras, planes, protocolos, manuales o directrices de preparación y respuesta a emergencias y desastres a nivel subnacional/local (provincial, departamental o municipal):

En el Plan Nacional de Gestión Integral de Riesgos 2014-2019 se realizan referencias explícitas sobre la incorporación de personas migrantes, específicamente en el objetivo Nº2 [1] donde indica la creación de una ‘...estrategia de coordinación con instancias del SINAGER para fortalecer acciones del sector en GR. -especificar por año según actividades de coord. Con actores, ej SAAA, Migración, SENASA, OIRSA, UTSAN, FHIS...’[2]. Tales referencias explícitas podrían incorporarse a las estructuras, planes y preparativos de respuesta a desastres del país, como lo son el Plan de Respuesta Multiamenzas Ante Emergencias y Desastres Del Sector Salud De Honduras 2018 – 2022 y el Manual de Operaciones (2015).

3. Integración de consideraciones sobre los impactos adversos del cambio climático y/o su relación con la migración y el desplazamiento de personas en políticas, estrategias, planes y otras políticas públicas relevantes sobre cambio climático a nivel nacional:

La Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) del año 2011 indica que ‘los efectos adversos del cambio climático ya observados y proyectados, incluyen amplios procesos de reubicación y migración en el ámbito nacional, regional e internacional, los cuales tendrían un carácter recurrente, y casi permanente, particularmente en los países en desarrollo más vulnerables’[1]. Asimismo, sostiene que ‘el cambio climático afectaría las distintas formas de vida, incluyendo la humana en muchas facetas y dimensiones, llegando a generar condiciones de descontento social, expresadas en conflictos por el acceso al agua, pobreza creciente y migraciones’, así como ‘las repercusiones sociales, incluyendo la pérdida de vidas humanas, procesos cada vez más frecuentes de reubicación y emigración, tanto dentro como fuera del territorio nacional, debido al cambio climático’[2].

Con base en estas consideraciones, la ENCC de Honduras establece dentro del apartado de objetivos y lineamientos estratégicos para la adaptación los siguientes puntos:

• ‘14. Fortalecer la seguridad civil y gobernabilidad de la nación, previniendo, reduciendo y abordando de manera apropiada y oportuna los desplazamientos temporales o permanentes de las poblaciones humanas, por causas de origen climático.
• 14.1. Establecer y fortalecer un marco legal e institucional para abordar y tratar las condiciones especiales de las migraciones de origen climático, sobre la base de la doctrina de los derechos humanos y en el marco de estrategias de adaptación al cambio climático’[3].

Por otro lado, algunos documentos de política pública en materia de cambio climático en Honduras adoptados luego de la ENCC reconocen y visibilizan los impactos del cambio climático en la migración. Por ejemplo, en la Agenda Climática de Honduras del año 2017 se reconoce que ‘el cambio climático es un problema que amenaza hoy en día a todos los hondureños y hondureñas, impactando en sus medios de vidas como ser: viviendas, cultivos, infraestructura, ocasionando de esta manera severos daños a la economía nacional, teniendo como efecto la falta de seguridad alimentaria, generación de pobreza y migración de compatriotas en la búsqueda de la seguridad de sus familias’[4].

Asimismo, la Estrategia nacional de adaptación al cambio climático para el sector agroalimentario de Honduras (2014-2024) indica con relación a la actividad de la horticultura que ‘...debido a que los productores hortícolas y los jornaleros asalariados en la región occidental de Honduras son más propensos a emigrar cuando las opciones laborales son limitadas, una menor producción hortícola debido a la variabilidad y al cambio climático podría dar origen a un escenario con un mayor movimiento migratorio hacia las zonas urbanas y especialmente hacia los Estados Unidos...’[5].

En el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNA-CC) del año 2018, se retoma el tema en la Tabla Nº3: Impactos potenciales por disminución y cambios en estacionalidad de las lluvias promedio y por aumento en la intensidad de los eventos extremos, donde se identifica la ‘migración a las ciudades o tierras altas por parte de los habitantes de zonas inundables’[6]. En este Plan se incluye la ‘reubicación de viviendas en zonas riesgo’ como parte de las medidas y condiciones para la adaptación dentro del objetivo estratégico 1.[7]